Por: Azael Carvajal
Con una nueva sorpresa conocimos la cita que le hizo el señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, a la abogada y periodista, María Isabel Rueda, para que explicara el contenido de la entrevista que sostuvo y publicó en el periódico El Tiempo, con el también periodista Francisco Santos, ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá. Aún no entendemos las razones para este proceder, sobre todo, si nos atenemos a las funciones esenciales de la Fiscalía General de la Nación, que se centran en la investigación de la comisión de delitos y en acusar ante los jueces a los posibles autores de tales conductas, si en esta oportunidad, al aplicar dichas funciones, se podía establecer que existía o había la más mínima sospecha de que aquella entrevista contenía elementos constitutivos de delitos. No otra podría ser la justificación a primera vista.
Sin embargo, en nuestra modesta apreciación, nos apartamos en forma absoluta de esta conducta, porque aunque es posible que por empleo de los medios de comunicación se puedan cometer delitos, en esta ocasión, no encontramos la más mínima sospecha de que haya ocurrido un comportamiento delictivo. Más bien podría configurarse un abuso del poder que, en tal caso, sí merece ser rechazado por todos los periodistas de Colombia.
Por tanto, es la ocasión propicia para una corta reflexión sobre el papel tan trascendental de los medios de comunicación en una sociedad, como la nuestra, que se siente satisfecha de ser democrática y deliberante, y sobre todo, del cuidado de los mismos, en el tratamiento de los distintos mensajes que se difunden para no incurrir en faltas, que por la gravedad lleguen a merecer ser investigadas y castigadas. Si eventualmente ocurrieran, también sería la oportunidad para un aprendizaje que a todos nos interesa.
Nos corresponde entonces, llamar la atención de todas las autoridades, en especial, en esta ocasión, al señor Fiscal General de la Nación, para ser muy cuidados cuando deban actuar ante los periodistas por el ejercicio de la profesión, porque, como ya dijimos, no estamos exentos de violar las leyes de carácter penal, pero tampoco es lo más adecuado convocar, muchas veces en forma pública, para que determinado periodista concurra a un despacho oficial a explicar su comportamiento, si éste, que debe contar con suficientes garantías, se siente amenazado y, sobre todo, porque su nombre y su reputación se han puesto en duda y discusión, circunstancias que afectarán tal vez exageradamente la trayectoria de un periodista que se ha dedicado a servir a sus sociedad y nunca ha tenido la intención de traicionarla con su trabajo.
Por consiguiente, rechazamos estas conductas, como la del señor Fiscal General de la Nación que causan más daño que provecho a una dependencia tan importante en la organización de un Estado de Derecho, como lo proclama nuestra Carta Magna.